Política y administración pública: una tensa relación.

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Fotografía: Especial. ADN Político. 2018.

Las propuestas del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de poner un tope a los sueldos de los servidores públicos y descentralizar geográficamente a la administración pública federal han generado un enconado debate durante las últimas semanas. Los argumentos a favor esgrimen la necesidad de terminar con el dispendio exagerado, rayando en lo obsceno, que durante décadas ha sido insignia del sector público; de generar ahorros suficientes para financiar nuevos programas sociales; de depurar a las dependencias y entidades de quienes no trabajan con vocación de servicio; de nutrir y sensibilizar la visión del gobierno federal con la perspectiva de los estados, y hasta de reactivar las economías locales.

En contra están quienes sostienen que poner un tope a los sueldos provocará renuncias en áreas técnicas; que será más difícil reclutar nuevos adeptos, además calificados, para el servicio público federal, en especial en áreas sumamente técnicas como Hacienda, Energía o Comunicaciones, por mencionar sólo algunas; que las condiciones estructurales en la mayoría de los estados vuelven imposible el traslado completo de oficinas y de personal; que si esto no se hace con la debida planeación puede ser, en el largo plazo, más costoso que lo se pretende ahorrar, y que la austeridad no deviene necesariamente en eficiencia ni eficacia.

Cabe decir que no todo es blanco y negro en esta materia y que cada argumento, a favor y en contra, tiene, en parte, razón de ser. Sin embargo, considero que el debate no está siendo lo suficientemente amplio y las reacciones se hacen en referencia a la enfermedad, no a las causas. Ésta arenga da cuenta de las consecuencias de haber dejado de lado la reflexión sobre la relación que guardan la Política y la administración pública, que es, por cierto, mucho más añeja que ésta coyuntura y harto compleja. Y es que en décadas recientes cometimos el error de pensar que eran sinónimos. Nada más falso y nada más peligroso que haber reducido la Política a actividades partidistas y administrativas. Las consecuencias están a la vista y hemos esbozado algo en textos anteriores.

Por eso, desde una perspectiva sociológica, considero pertinente revisar esta relación. Ver la administración pública como un sistema y analizar su relación con la Política puede darnos luz sobre los retos que se tienen en este nuevo siglo. El debate que se lleva a cabo en México ha abierto una puerta para discutir asuntos que me parecen torales.

Pero, ¿de dónde partimos? Hoy en día, sigue vigente la concepción clásica de Max Weber de que la administración pública es únicamente ejecutora del poder político. Para entender la complejidad de la misma y los retos que se tienen es necesario romper con la tendencia general de verla desde la sociología de la dominación. En este sentido, vale la pena rescatar lo escrito por la alemana Renate Mayntz que plantea un análisis desde la sociología de la organización en la que caben tres perspectivas: una sistémica, que permite analizarla en su relación con, por ejemplo, la Política o la Economía; una organizativa, desde la que se pueden revisar los distintos órdenes de gobierno, y una de posiciones teóricas que la aborda con una mirada histórica que considera fenómenos como el Poder y el conflicto.

Para el caso que nos ocupa, tomaremos la perspectiva sistémica para lanzar algunas reflexiones. Y es que durante mucho tiempo, particularmente con el triunfo de la doctrina neoliberal, la Política estuvo supeditada a la Economía; por ende, la administración pública fue vista, en grado mayor al que muchos hubiéramos querido, como autoridad ejecutiva y no ordenante. Para mal, ésta autoridad ejecutiva respondió, durante las últimas décadas, más a las tendencias del Capital que a un proyecto de nación planteado desde, en este caso, el Estado mexicano. No es casual entonces que se haya abogado durante mucho tiempo por la especialización y profesionalización del servicio público como la única vía para satisfacer las demandas de la población, como si de simples usuarios de servicios se tratara. Las propuestas sobre la Nueva Gestión Pública o Gobernanza son reflejo de este fenómeno y tienen limitantes serias que promueven, además de una excesiva tecnificación, un nivel de autonomía mayor de la administración respecto del poder político que debe ser analizada a detalle.

Un claro ejemplo de esta tendencia hacia la autonomía es el documento técnico denominado ‘Análisis de los Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una Política de Austeridad Republicana’, que fue publicado por un grupo de actuales y exservidores públicos en algunos periódicos de circulación nacional. En una revisión somera, se aprecia el tono casi fatalista al señalar las implicaciones que tendrá la reducción de salarios del personal de confianza; la desaparición del seguro de gastos médicos mayores y de separación individualizado; el establecimiento de jornadas labores más amplias (aun cuando no exista indicio de que esto suceda más allá de las horas extraordinarias que se contemplan de facto en el servicio público), así como del establecimiento del tope salarial para todo funcionario.

Si bien existen casos específicos que hay cuidar, como aquellos de personas que actualmente dependen de seguros médicos para costear tratamientos de enfermedades terminales, cuya suspensión tendría consecuencias funestas, la realidad es que no pueden objetarse las propuestas de austeridad desde esas excepciones. Y es que, insisto, es necesario ver más allá de lo particular cuando lo que está en juego es nada menos que el destino de un país rumbo al próximo siglo. Por eso es necesario reconocer, pese a no ser algo fácil de digerir para quienes tenemos por vocación y trabajamos en el servicio público, que con austeridad o no la administración pública, por sí misma, no puede generar las tendencias de cambio que el país necesita. Esto es necesario comprenderlo.

La relevancia de tenerlo claro es que esto nos permite revisar formas de construir una nueva relación entre la Política y la administración pública acuciante de coordinación y cooperación para generar los equilibrios que se requieren y que, por supuesto, siempre estarán sujetos a replantearse en marcos históricos en permanente proceso de transformación. En un contexto que Luis F. Aguilar define como de transformaciones posburocráticas (de reorganización de estructuras y procesos dentro de los gobiernos que buscan eficiencia y eficacia), posgubernamentales (de incorporación de nuevos sujetos ante la insuficiencia del poder político) y transterritoriales (de formas más agregadas de cooperación ante problemas complejos que trascienden fronteras, como migraciones masivas o manejo de cuencas hidrológicas), esto es urgente.

Así pues, definir líneas de intervención sistémica desde una perspectiva sociológica, que no es la única, me parece un primer paso pertinente y adecuado. No olvidemos que para gobernar se requiere de mucho más que técnica y perfiles especializados; se requiere de mucho más que sólo eficiencia y eficacia. Cuenta, y mucho, la fuerza política con que se llegue al poder; la distribución de los congresos y las agendas legislativas federales y estatales; la organización y trabajo de base que hagan los partidos políticos que hayan obtenido el triunfo electoral en cada elección; la relación de los partidos con los distintos órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) y niveles administrativos (desde gubernaturas hasta delegaciones municipales); la vinculación con sindicatos y organizaciones comunitarias y, por supuesto, la claridad con que se transmitan a la población las coordenadas cardinales del proyecto de nación en turno.

Lo anterior expuesto puede desarrollarse de manera más específica pero ahí hay claves generales para observar lo que se viene. Afortunadamente, la bruma que deliberadamente se formó en torno a los asuntos públicos parece despejarse y hay que agradecer que por primera vez en mucho tiempo se discuta la forma de estructurar y de concebir a la administración pública. Irónicamente, la especialización de la misma generó la idea de que ésta era asunto privado del gobernante en turno o que podía estar cooptada por ciertas organizaciones que pretenden monopolizar eso que se llama ‘sociedad civil’. Todo indica que ya no será así. El reto ahora es cómo construir nuevas miradas desde otro ocular para atender, desde una perspectiva sistémica, los retos y urgencias que se presentan en el país. Construir una relación entre Política y administración pública apegada a un proyecto de nación acorde al nuevo siglo me parece un paso esencial para marcar dirección hacia horizontes mejores.

 

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